Brown v. Board of Education of Topeka (1954): la sentencia que acabó con «separados pero iguales»

Traducción

[...] En cada uno de los casos que ahora examinamos, menores de raza negra, a través de sus representantes legales, reclaman la tutela de los Tribunales para obtener la admisión en escuelas públicas de su comunidad, pidiendo que ello se lleve a cabo bajo el presupuesto de la no segregación racial. Todos estos alumnos han visto rechazada su solicitud en escuelas para alumnos de raza blanca, en aplicación de normas que prevén o permiten la segregación por razón de raza. Los recurrentes combaten la segregación porque a su juicio debe prevalecer el principio de protección equitativa, reconocido en la 14.ª enmienda. En todos estos casos, salvo en Delaware, el Tribunal Federal de Distrito, compuesto por tres jueces, rechazó la demanda aplicando la doctrina «separados pero iguales», sentada por este Tribunal en la sentencia Plesy v. Ferguson (1896). Conforme a ella, existe igual tratamiento y protección ante la ley cuando se provee a los individuos de razas distintas iguales servicios, aunque tales prestaciones se otorguen de manera separada. En el caso de Delaware, el Tribunal Supremo del Estado, pese a reafirmar tal doctrina, ordenó la admisión de los recurrentes en las escuelas para alumnos de raza blanca, debido a que eran mejores que las escuelas para alumnos de raza negra.

Los demandantes pretenden que se declare que las escuelas públicas reservadas a los negros no son iguales y no pueden transformarse en iguales y, por consiguiente, se vulnera su derecho a la protección equitativa por las leyes. Teniendo en cuenta la obvia importancia que tiene la cuestión planteada, este Tribunal conocerá del asunto. Un primer turno de intervenciones tuvo lugar durante el año judicial de 1952 y un turno de réplica se desarrolló este año, en respuesta a una serie de cuestiones planteadas por el Tribunal[12].

El nuevo turno de argumentaciones dedicó largo tiempo a las circunstancias que concurrieron en la adopción de la 14.ª enmienda en 1868 (su elaboración por el Congreso, su ratificación por los Estados, las prácticas de segregación racial que existían en la época, y los puntos de vista de defensores y detractores de la enmienda). Este debate y nuestra propia investigación nos convencieron de que estas fuentes, aunque aportan cierta luz, no son suficientes para resolver la cuestión que tenemos planteada. En el mejor de los casos, no son concluyentes. Los más entusiastas promotores o defensores de las enmiendas posteriores a la guerra sin duda tenían en mente acabar con cualquier distinción legal entre «todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos». Sus oponentes, con toda certeza, combatían tanto la letra como el espíritu de las enmiendas, y pretendían darles un efecto más limitado. En cuanto a los restantes miembros del Congreso y de las Asambleas de los Estados, no puede determinarse con un mínimo grado de certeza cual era su opinión al respecto.

Una razón adicional que abona la imposibilidad de obtener conclusiones definitivas de la historia de las enmiendas es la situación de la educación pública en dicha época[13]. En el Sur no había triunfado el movimiento hacia las escuelas públicas gratuitas, financiadas a través de los impuestos. La educación de los blancos estaba en manos de grupos privados. La educación de los negros era casi inexistente y prácticamente todos los individuos de esta raza eran analfabetos. Más aún, en algunos Estados la ley prohibía incluso la educación de los negros. Por el contrario, en la actualidad muchos negros han obtenido éxito en el ámbito de las ciencias y las artes e incluso en el de los negocios y en el mundo profesional. Es cierto que la instrucción pública en el momento de aprobarse la 14.ª enmienda estaba más desarrollada en el Norte, pero sus efectos en los Estados del Norte fueron en general ignorados en los debates del Congreso. Incluso en el Norte, las condiciones de la educación pública no se aproximaban a las existentes en la actualidad. Los contenidos de los programas eran habitualmente rudimentarios, era frecuente que en las zonas rurales las escuelas no tuviesen división en niveles, los años académicos duraban en muchos Estados únicamente tres meses, y la asistencia obligatoria a la escuela era virtualmente desconocida. En consecuencia, no es sorprendente que la historia de la 14.ª enmienda contenga muy pocos datos sobre los efectos que se pretendían obtener en la enseñanza pública.

En las primeras sentencias dictadas por este Tribunal relativas a la 14.ª enmienda, poco después de su aprobación, se interpretó de forma que prohibía todas las discriminaciones de los poderes públicos estatales hacia la raza negra[14]. La doctrina «separados pero iguales» no apareció en este Tribunal hasta 1896, en el caso Plessy v. Ferguson, que no se refería a la educación sino a los transportes públicos[15]. Desde este momento, los Tribunales estadounidenses han aplicado la doctrina «separados pero iguales» durante más de medio siglo. Este Tribunal ha dictado seis sentencias aplicando la regla «separados pero iguales» en el campo de la educación pública[16]. En Cummning v. County Board of Education, 115 US 528, y en Gong Lum v. Rice, 275 US 18, ni siquiera se cuestionó su validez[17]. En casos más recientes, todos referidos al nivel de la enseñanza superior, la desigualdad se manifestaba en que ciertos beneficios específicos de los que disfrutaban los estudiantes blancos eran negados a los estudiantes negros con similares méritos y calificaciones (Missouri ex rel. Gaines v. Canada 305 US 337; Sipuel v. Oklahoma 332 US 631; Sweatt v. Painter, 339 US 629, McLaurin v. Oklahoma State Regents, 339 US 637). En ninguno de estos casos fue necesario replantearse la validez de la regla «separados pero iguales» para dar una respuesta satisfactoria al recurrente de raza negra. Y en Sweatt v. Painter (1950) el Tribunal dijo expresamente que no se pronunciaba acerca de si Plessy v. Ferguson (1896) debía aplicarse o no a la educación pública.

En los casos aquí examinados, la cuestión se ha planteado frontalmente. Aquí, a diferencia de Sweat v. Painter, existen pronunciamientos de los Tribunales inferiores en el sentido de que las escuelas negras y blancas estaban igualadas, o estaban igualándose, en relación con las instalaciones, programas, cualificación y salarios de los profesores y otros factores tangibles[18]. Nuestra decisión, no puede, por tanto, ser una comparación punto por punto entre las escuelas para blancos y negros afectadas por cada supuesto.Tenemos que examinar los efectos de la segregación, en sí misma considerada, sobre la enseñanza pública.

No podemos retrasar el reloj al año 1868, cuando se aprobó la 14.ª enmienda, ni siquiera a 1896, cuando se dictó la sentencia Plessy v. Ferguson. Debemos considerar la enseñanza pública a la luz de toda su evolución y del lugar que ocupa en todos los rincones de nuestro país, en el conjunto de la vida americana. Sólo de este modo se puede determinar si segregación en las escuelas públicas priva a los demandantes de la protección equitativa de las leyes.

Posiblemente la educación sea hoy la función más importante de las Administraciones federales y locales. Las leyes que declaran obligatoria la escolarización, y el gran presupuesto que se destina a la educación, demuestran la importancia que se da a la educación en la sociedad democrática. Está incluida entre los requisitos para poder cumplir los deberes públicos más elementales, incluso para servir en las fuerzas armadas. Es el fundamento básico de una auténtica ciudadanía. Representa el principal instrumento para despertar los valores culturales en los niños, para prepararles para el aprendizaje profesional y para ayudarles a adaptarse con normalidad a su medio. En estos días, no es razonable afirmar que un niño puede tener expectativas de éxito en la vida si se le niega la oportunidad de una educación. Tal oportunidad, allí donde el Estado ha asumido tal prestación, es un derecho que debe ser facilitado a todos en iguales condiciones.

Llegamos así a la cuestión planteada: segregar a los niños en las escuelas con el único criterio de la raza, incluso cuando los medios materiales y otros factores tangibles son equivalentes ¿priva a los niños pertenecientes al grupo minoritario de la igualdad de oportunidades en materia educativa? Creemos que sí.

En la sentencia Sweatt v. Painter (1950), que ya hemos citado, constatamos que una Facultad de Derecho segregada para negros podía no proporcionar iguales oportunidades educacionales, basándonos en «esas cualidades que no pueden ser medidas de forma objetiva, pero que determinan el valor de una Facultad de Derecho». En McLaurin v. Oklahoma State Regents (1950) el Tribunal, exigiendo que un negro admitido en un centro de enseñanza superior para blancos tenía que ser tratado de la misma forma que aquellos, se basó de nuevo en factores intangibles, entre otros, en «su capacidad para el estudio, para entablar discusiones e intercambios de puntos de vista con otros estudiantes y, en general, para aprender su profesión». Tales consideraciones se aplican, con mayor motivo, a los alumnos de enseñanza primaria y secundaria. Separarles de otros estudiantes de similar edad y cualidades por razón de la raza genera un sentimiento de inferioridad sobre su lugar en la sociedad, lo que puede afectar a su corazón y a sus sentimientos de forma tal vez irremediable. El efecto de esta separación sobre sus capacidades escolares ha sido bien formulado en el asunto proveniente de Kansas, por un juez que, sin embargo, rechazó las pretensiones de los recurrentes negros:

«La segregación de niños blancos y de color en escuelas públicas perjudica a estos. Este efecto nocivo es aún mayor cuando la segregación recibe los parabienes del Derecho, porque la política de separación de razas se interpreta en general como un indicio o una sugerencia de inferioridad de los negros. Este sentimiento de interioridad afecta a la motivación del alumno para aprender. La segregación establecida por el Derecho tiende, de este modo, a retrasar el desarrollo escolar y mental de los niños negros y a privarles de ciertas ventajas que un sistema escolar integrado podría ofrecerles»[19].

Sea cual fuera el alcance y el estado de los conocimientos de psicología en la época de Plessy v. Ferguson (1896), cuanto decimos está ampliamente confirmado por los estudios científicos modernos[20]. Debemos rechazar todo aquello que provenga de Plessy v. Ferguson y que sea contrario a la idea que estamos defendiendo.

Concluimos que en el campo de la enseñanza pública no tiene cabida la doctrina «separados pero iguales». Un sistema con escuelas separadas es intrínsecamente desigualitario. Por lo cual afirmamos que a los demandantes, y a todos aquellos que se encuentran en una situación similar, la segregación de la que se quejan les ha privado de la protección equitativa de las leyes garantizada por la 14.ª enmienda. Es pues inútil continuar la argumentación y plantearse si tal segregación viola además la cláusula del proceso debido de la 14.ª enmienda[21].

IV. Notas

[1] Acaso las críticas hicieron que el Tribunal Supremo fuese mucho más cauto a la hora de aplicar la nueva doctrina. En Black v. Cutter Laboratories (1956) y en Evans v. Abney (1970) no se aplicó en su integridad la doctrina de Shelley, refrendando la validez de medidas discriminatorias (en Black se trataba de un despido claramente discriminatorio por razones ideológicas y en Evans de un parque público donado, en 1911, por una persona que había establecido que estaría abierto sólo para blancos: no se consideró inconstitucional la cláusula discriminatoria, pero como el Ayuntamiento tampoco quería arriesgarse a un pleito contra los herederos, se cerró el parque).
[2] Existe una amplia bibliografía sobre las deliberaciones que dieron lugar a Brown. En español puede verse el resumen que hace Burt Neuborne El papel de los juristas y del imperio de la ley en la sociedad americana, Civitas, Madrid, 1995 (pp. 105 y ss., insistiendo en que entre 1952 y 1954 poco a poco de los dos únicos jueces partidarios de la inconstitucionalidad de la segregación racial -Black y Douglas- se pasó a la unanimidad, gracias a la labor de persuasión del recién llegado Chief Justice). Por no citar más que los que se refieren al destacadísimo papel del Chief Justice Warren pueden verse Bernakd Schwartz Super Chief. Earl Warren and his Supreine Court. A Judicial Biography, New York University Press, New York, 1983, pp. 72 y ss. y Ed Cray Chief Justice. A Biography of Earl Warren, Simon and Schuster, New York, 1997, pp. 273 y ss. También muy recientemente, Richard Kluger, Simple Justice: The History of Brown v. Board of Education and Black America's Struggle for Equality, Vintage, New York, 2004.
[3] El dossier llevaba por título A Random Thought on the Segregation Cases, y fue redactado por uno de los letrados de Jackson, el actual Chief Justice Rehnquist. El documento es especialmente crítico con todos aquellos que niegan la constitucionalidad de la segregación, a los que acusa de querer «incluir su visión sociológica dentro de la Constitución», por lo cual «pienso que la segregación es correcta y debería ser reafirmada».
[4] La misma tarde del día en que se hizo pública la sentencia el juez Frankfurter envió una nota al Chief Justice Warren que decía, entre otras cosas, que «Este día será recordado como un día glorioso. Es un gran día en la historia del Tribunal, y la forma en la que has llevado las deliberaciones no es la menor de las razones para ello. Te felicito». Tomamos la referencia, con traducción libre, de Ed Cray Chief Justice..., cit. p. 288.
[5] Téngase en cuenta el grandísimo y arraigado rechazo social hacia los negros. En 1915 el Ku Klux Klan tenía cinco millones de afiliados, simpatizantes activos (tomamos el dato de Derrick A. Bell Jr., «The Racial Imperative in American Law», en VV.AA., The Age of Segregation. Race Relations in the South 1890-1945 (Robert Haws ed.), University of Mississippi, Jackson, 1978, p. 11).
[6] Burt Neuborne (El papel..., cit., p. 112) señala que en 1956 101 Congresistas y Senadores firmaron un documento comprometiéndose a no aplicar la sentencia, que en 1958 los Chief Justice de los Tribunales Supremos de 38 Estados criticaron abiertamente al Tribunal Supremo federal por su activismo, y que los Gobernadores de Arkansas y de Mississippi juraron impedir la entrada de negros en los colegios.
[7] Esta sentencia contó con una discrepancia parcial de los jueces Clark y Harlan. Era la primera vez desde Brown que una sentencia sobre segregación racial escolar no se dictaba por unanimidad.
[8] Véase una descripción de la segregación en locales, bares, cines, calles, transportes, hospitales, etc. en Burt Neuborne, El papel..., cit, p. 103.
[9] Montserrat Cuchillo, en su traducción a Burt Neuborne, El papel..., define el busing como «sistema de transporte gratuito de los niños negros a las escuelas situadas en barrios de población predominantemente blanca, a efectos de conseguir el establecimiento de un sistema educativo racialmente mixto» (la cita en p. 117, en nota).
[10] Rehnquist consideraba que Browm obligaba a eliminar la discriminación, pero no a adoptar medidas prácticas coercitivas para que los tribunales administrasen la política de admisión y de financiación de las escuelas, o de transporte escolar, ni a presumir que un colegio en que la mayoría de los alumnos son blancos está discriminando a los negros.
[11] Un breve fragmento de la sentencia está traducido en Documentos constitucionales y textos políticos (L. Sánchez Agesta ed.). Editora Nacional, Madrid, 1982, pp. 101-102.
[12] (Nota 3 de la sentencia.) 345 US 972. El Fiscal General de los Estados Unidos participó en ambos casos como amicus curiae.
[13] (Nota 4 de la sentencia.) Para un estudio general del desarrollo de la educación pública con anterioridad a la aprobación de la enmienda, véase Butts y Cremin, A History of Education in American Culture (1953), partes I, II; Cubberley, Public Education in the United States (1934), cc. II-XII. Las prácticas escolares habituales en el momento de la adopción de la 14.ª enmienda han sido descritas en Butts y Cremin, supra, pp. 269-275; Cubberley, supra, pp. 288-339, 408-431; Knight, Public Education in the South (1922), cc VIII, IX. Vid., además, H. Ex. Doc. No. 315, 41.º, Congress, 2.ª sesión (1871). A pesar de que la demanda de educación pública tiene el mismo planteamiento en el Norte y en el Sur, en el Sur no comenzó ha desarrollarse hasta 1850, veinte años después de lo que ocurrió en el Norte. Las razones de este desarrollo más lento en el Sur (entre otras causas por carácter rural del Sur, y las diferentes actitudes regionales frente a la asistencia estatal) han sido bien explicadas en Cubberley, supra, pp. 408-422. En todo el país, pero particularmente en el Sur, la Guerra paralizó todo el progreso en la educación pública; id, pp. 427-428. El bajo nivel educativo de los negros en todos los sectores tanto antes como inmediatamente después de la guerra ha sido descrito en Beale, A History of Freedom of Teaching in American Schools (1941), pp. 112-132, 175-195.
[14] (Nota 5 de la sentencia.) Slaugter-House cases, 16 Wall. 36, 67-72 (1873); Strauder v. West Virginia, 100 US 303, 307-308 (1880), en donde se afirma: «Se ordena que ningún Estado pueda privar a una persona de la vida, la libertad o la propiedad sin un proceso debido en derecho, o denegar a alguien, dentro de su jurisdicción, la protección equitativa de las leyes. Esto es lo que es, aunque se plantea lo siguiente: declarar que el derecho de los Estados sea el mismo para negros que para blancos, que todas las personas, sean de color o blancos, dispongan de la misma protección de las leyes de los Estados, y, en atención al color de la raza, para la que la protección de la enmienda ha sido primariamente diseñada, ¿supone que no se pueda establecer ninguna discriminación por ley como consecuencia de su color? Las palabras de la enmienda, es cierto, son prohibitorias, pero contienen una necesaria implicación de inmunidad positiva, o derecho, más valorada para las personas de raza de color: el derecho a que no se les apliquen leyes que les son claramente hostiles por razón del color de su piel, la exención de discriminaciones legales que impliquen inferioridad en la sociedad civil [...]». Vid., además, Virginia v. Raves, 100 US 313, 318 (1880), Ex parte Virginia, 100 US 339, 344-345 (1880).
[15] (Nota 6 de la sentencia.) La doctrina, aparentemente, se originó en la sentencia Roberts v. City of Boston, 59 Massachusetts 198, 206 (1850), en donde se declara que la segregación vulnera la garantía de la igualdad de la Constitución del Estado. La segregación en las escuelas públicas de Boston desapareció en 1855, Mass. Acts 1855, c 256. Pero en cualquier lugar del Norte, la segregación en la educación pública ha persistido en algunas comunidades hasta años recientes. Parece claro que tal segregación ha sido un problema nacional, y no meramente regional.
[16] (Nota 7 de la sentencia.) Véase, asimismo, Berea College v. Kentucky, 211 US 45 (1908).
[17] (Nota 8 de la sentencia.) En el caso Cumming, un contribuyente negro exigió la paralización del funcionamiento de las escuelas secundarias para blancos hasta el momento en que se hiciera una para negros. De forma similar, en el caso Gong Lum el reclamante, un niño de origen chino, pleiteaba porque las autoridades estatales habían aplicado mal la doctrina «separados pero iguales» y le habían clasificado como negro, obligándole, a acudir a un colegio para negros.
[18] (Nota 9 de la sentencia.) En el caso de las escuelas de Kansas, el Tribunal inferior encontró igualdad sustancial entre todos estos factores (98 F. Supp. 797, 498). En el caso de Carolina del Sur, el Tribunal entendió que los demandados estaban actuando «con prontitud y de buena fe para cumplir las órdenes del Tribunal» (103 F. Supp. 920, 921). En el caso de Virginia, el Tribunal señaló que el programa de igualdad estaba «en marcha y progresando» (103 F. Supp. 337, 341). Desde entonces, hemos conocido a través de las alegaciones del Fiscal General que el programa ha sido ahora completado. En el caso de Delaware, el Tribunal inferior señaló que el programa de igualdad estatal estaba yendo por buen camino (91 A. 2d 137, 149).
[19] (Nota 10 de la sentencia.) En el caso del Estado de Delaware la solución fue similar: «De los testimonios deduzco que en nuestra sociedad de Delaware la segregación escolar de los niños negros implica que estos, en conjunto tiene menos oportunidades educativas y vitales que los niños bancos cuyos resultados y situación son similar».
[20] (Nota 11 de la sentencia.) K. B. Clark, Effect of Prejudice and Discrimination on Personality Development (Midcentury White House Conference on Children and Youth, 1950); Witmer y Kotinsky, Personality in the Making (1952), c. VI; Deutscher y Chein, «The Psychological Effects of Enforced Segregation: A Survey of Social Science Opinión», 26 J. Psychol. 259 (1948); Chein, «What are the Psychological Effects of Equal Facilites?» Int. Journal Opinion and Attitudes Res. 229 (1949); Bradmeld, «Educational Costs», in Discrimination and National Welfare (MacIver. ed., [1949], 44-48); Frazier, The Negro in the United States (1949), 674-681. Véase de forma general Myrdal, An American Dilemma (1944).
[21] (Nota 12 de la sentencia.) Bolling v. Sharpe, p. 497, en lo relativo a la cláusula del proceso debido de la 5.ª enmienda.