Como tantos otros episodios de la política exterior de la dictadura, el asunto del Sahara Occidental aún conserva muchos de sus aspectos en la sombra. Entre ellos, el singular desenlace que le diera El Gobierno presidido por el señor Arias Navarro, el 14 de noviembre de 1975, fecha en que éste firma en Madrid con los representantes de los Gobiernos de Marruecos y Mauritania una «declaración de principios» sobre el territorio bajo administración española. Este acuerdo internacional, al igual que las posteriores medidas encaminadas a su ejecución, creo que nunca ha sido aceptado por una gran parte de la opinión pública española, que aún sigue preguntándose cómo pudo llegarse a tal solución. De otra parte, las consecuencias de aquel acuerdo todavía siguen pesando dolorosamente no sólo sobre el destino del pueblo saharaui, sino sobre nuestras propias relaciones exteriores en la actualidad. Parece obligado, por tanto, tratar de esclarecer el alcance de aquel acto, no tanto para juzgar un pasado político ya muerto, sino porque este pasado, en el caso del Sahara Occidental, aún sigue afectando el futuro de nuestras relaciones internacionales.

Por el acuerdo de Madrid, el Gobierno aceptó dar por terminada la presencia española en el territorio antes del 28 de febrero de 1976, creándose una «administración temporal» del Sahara Occidental, en la que se incluían, junto a las autoridades españolas encargadas de liquidar la anterior administración colonial, dos Gobiernos adjuntos nombrados por Marruecos y Mauritania. Con ello, se abrió el camino para la inmediata ocupación militar del territorio por parte de los dos Estados -no sin encontrar una fuerte resistencia armada de su población- y para su posterior reparto entre ambos, realizado en el acuerdo de 14 de abril de 1976. Este resultado es tanto más sorprendente ya que el Gobierno español había defendido reiteradamente -ante, los órganos políticos de las Naciones Unidas (NU) y, con abundantes pruebas documentales, ante el Tribunal Internacional de Justicia-, que ninguno de los dos Estados a los que ahora se entregaba el territorio poseía título jurídico alguno sobre el mismo. Extremo que fue reconocido por el principal órgano judicial de las NU en su dictamen consultivo del 16 de octubre de 1975.

Correlativamente, el Gobierno español admitió en dicho acuerdo que la voluntad del pueblo saharaui, que debía expresarse libremente en un referéndum celebrado bajo los auspicios y la garantía de las NU, podía ser reemplazada por la apariencia de una consulta a la «Yemaa», que se realizó sin contar con un gran número de sus miembros y ante la presencia de las fuerzas de ocupación marroquíes. Resultado no menos sorprendente, porque se halla en abierta contradicción con anteriores declaraciones españolas, entre ellas, la hecha por el entonces jefe del Estado, el 21 de septiembre de 1973, que afirmaba que el pueblo saharaui era «el único dueño de su destino» y que el Estado defendería «la libertad y la voluntad de libre decisión» de los habitantes del territorio. Y contradecía también la comunicación hecha por el Gobierno español a las NU en el verano de 1974 aceptando la celebración de un referéndum en el territorio para 1975, como le había solicitado reiteradamente la Asamblea General de la Organización.

Publicado en el diario EL PAIS el 18 de septiembre de 1977